La declaración de patrimonio e intereses es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y probidad en la función pública chilena. Este mecanismo legal obliga a autoridades y funcionarios del Estado a informar públicamente sobre sus bienes, actividades económicas y posibles conflictos de interés, permitiendo el control social y la prevención de corrupción en las instituciones gubernamentales.
A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este proceso: quiénes deben cumplir con esta obligación, qué información deben entregar, los plazos establecidos y las consecuencias de no cumplir con esta responsabilidad administrativa.
La declaración de patrimonio e intereses es un documento oficial que autoridades y servidores públicos deben presentar ante la Contraloría General de la República para dar cuenta de su situación patrimonial y sus actividades económicas.
Esta obligación está regulada principalmente por la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, que busca fortalecer los estándares de ética profesional y rendición de cuentas en el sector público.
El objetivo principal de esta declaración es prevenir situaciones donde un funcionario público pueda obtener una ventaja indebida o verse afectado por conflictos de interés que comprometan su capacidad para tomar decisiones imparciales.
Al hacer pública esta información, se promueve la confianza ciudadana y se facilita el escrutinio sobre la gestión de quienes ejercen cargos de responsabilidad en el Estado.
La ley establece claramente quiénes son los sujetos obligados a declarar patrimonio.
Entre las autoridades y empleados públicos que deben cumplir con este deber se encuentran:
Esta amplia cobertura garantiza que quienes toman decisiones relevantes o manejan recursos públicos estén sujetos al principio de transparencia, independientemente de si son autoridades electas o funcionarios de planta.
El contenido de la declaración de intereses y patrimonio es extenso y busca ofrecer una visión completa de la situación económica del declarante.
Según el marco legal de la declaración, deben incluirse los siguientes elementos:
La declaración también comprende los bienes de los hijos sujetos a patria potestad del declarante y de personas bajo su tutela o curatela, garantizando así una visión integral del patrimonio familiar.
Es importante destacar que esta información pública de intereses permite identificar posibles incompatibilidades o situaciones que requieran la administración delegada de ciertos bienes.
Los plazos para declarar patrimonio están claramente definidos en la normativa vigente.
Los funcionarios públicos obligados deben presentar su declaración en tres momentos clave:
Adicionalmente, para personas vinculadas al Capítulo VII de la Ley 19.886 de Compras y Contratación Pública, existe una actualización adicional en septiembre.
Es importante mencionar que el declarante puede actualizar voluntariamente su declaración en cualquier momento que lo considere necesario.
Estos plazos permiten mantener información actualizada sobre nuevos ingresos, modificaciones patrimoniales o cambios en las actividades económicas del declarante, reforzando así los beneficios de la transparencia en gestión pública.
Presentar la declaración es un proceso que se ha digitalizado para facilitar el cumplimiento de esta obligación.
A continuación, te presentamos el paso a paso básico de cómo presentar una declaración de patrimonio:
La declaración debe efectuarse a través de un formulario electrónico disponible en el sistema habilitado por cada institución pública.
El órgano contralor, es decir, la Contraloría General de la República, es la entidad competente para recibir y resguardar estas declaraciones.
Excepcionalmente, en caso de no estar implementado el formulario electrónico, la declaración puede efectuarse en papel, debidamente autentificada por el ministro de fe del órgano al que pertenece el declarante o ante notario.
El jefe superior de servicio debe verificar que todos los obligados bajo su dependencia cumplan oportunamente con esta obligación.
Para empresas que buscan optimizar sus procesos administrativos y de cumplimiento normativo, plataformas como Maxxa ofrecen soluciones que ayudan a centralizar información y gestionar documentación de manera eficiente, aunque la declaración de patrimonio es un trámite específico del sector público.
El incumplimiento de la obligación de declarar o actualizar el patrimonio acarrea consecuencias legales significativas.
La importancia de la declaración de intereses se refleja en el régimen sancionatorio establecido para quienes no cumplen:
Cuando la Contraloría General de la República detecta que un funcionario no ha presentado su declaración, informará al infractor para que la realice o corrija dentro de un plazo determinado de días hábiles tras ser notificado.
Si persiste el incumplimiento, se formularán cargos, otorgando 10 días hábiles adicionales para regularizar la situación.
Las sanciones por no declarar patrimonio pueden incluir multas que van desde diez hasta treinta unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
La no presentación oportuna puede ser sancionada con multas de diez a treinta UTM, mientras que el incumplimiento de la obligación de actualización puede conllevar multas de cinco a quince UTM.
Además de las multas, el funcionario puede enfrentar inhabilitación para ejercer cargos públicos y otras responsabilidades administrativas contempladas en la normativa de probidad.
Estas medidas buscan garantizar que todos los obligados cumplan efectivamente con sus deberes de transparencia.
Una característica fundamental de este sistema es que gran parte de la información declarada es de acceso público.
El portal InfoProbidad es la plataforma oficial donde los ciudadanos pueden consultar las declaraciones de intereses y patrimonio de las principales autoridades del país.
Esta iniciativa conjunta entre el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República permite que cualquier persona, desde cualquier parte del país, verifique el cumplimiento de la norma y ejerza control social sobre la gestión pública.
Sin embargo, es importante considerar que no todas las declaraciones son públicas en este portal: solo están disponibles las de autoridades de alto nivel como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes, alcaldes y concejales.
El resto de las declaraciones, que corresponden al grueso de los funcionarios obligados, quedan resguardadas por el órgano fiscalizador correspondiente pero no se publican en el portal ciudadano.
Esta distinción busca equilibrar la transparencia necesaria para cargos de mayor responsabilidad con la privacidad de funcionarios de niveles jerárquicos inferiores.
La Contraloría notificará para que se regularice la situación dentro de un plazo específico. Si no se cumple, se podrían enfrentar multas y cargos administrativos.
Sí, se deben incluir las actividades económicas, profesionales o laborales del cónyuge o conviviente civil, así como los bienes de hijos bajo patria potestad.
Sí, cualquier persona puede consultar las declaraciones en línea, salvo los datos sensibles como direcciones o RUT.
Sí, especialmente si son inmuebles, inversiones o cuentas bancarias.
Sí, se puede actualizar voluntariamente la declaración en cualquier momento en que se considere necesario, además de las actualizaciones obligatorias.
Se deben declarar propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones en acciones o fondos mutuos, participación en sociedades y deudas significativas.
Las declaraciones de las principales autoridades están disponibles públicamente en el portal InfoProbidad.
La declaración de patrimonio e intereses es más que un trámite burocrático: representa un compromiso con la ética profesional y la rendición de cuentas que fortalece nuestras instituciones democráticas.
Cumplir oportunamente con esta obligación no solo evita sanciones, sino que contribuye a construir una cultura de transparencia y probidad que beneficia a toda la sociedad chilena.
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